El Pleno del Senado de la República aprobó con modificaciones el proyecto de decreto para reformar la Ley Aduanera. El objetivo es modernizar el sistema, facilitar las operaciones legítimas con certidumbre y trazabilidad, y sancionar a quienes distorsionan el mercado formal.
La reforma fue aprobada en lo general (78 votos a favor) y devuelta a la Cámara de Diputados por una modificación en el calendario de entrada en vigor
Fiscalización Post-Despacho:
Otorga facultades concurrentes (simultáneas) al SAT y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para la revisión posterior al despacho de mercancías. Implica una doble vigilancia.
Agentes Aduanales (AA)
Elimina la patente vitalicia y establece un periodo de 20 años para su uso, sujeto al cumplimiento de requisitos. Se implementarán certificaciones periódicas cada tres años para profesionalizar su actuación y contrarrestar la evasión
Creación del Consejo Aduanero
Se establece este nuevo órgano para conocer y resolver sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales
Integración Digital y Trazabilidad
Se fortalece la digitalización al incorporar al expediente electrónico de pedimentos documentos clave como el CFDI, facturas comerciales y la Carta Porte, reduciendo espacios para declaraciones falsas o incompletas.
Control de Regímenes Temporales
Se incorporan mecanismos para asegurar que las mercancías importadas bajo regímenes de importación temporal (como IMMEX) efectivamente se transformen y se retornen, o que se paguen las contribuciones correspondientes.
Tecnología y Datos
Autoriza a las autoridades aduaneras a celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión y análisis de datos
Entrada en Vigor (Modificaciones del Senado)
La entrada en vigor de la reforma se escalonó para dar tiempo a la reglamentación:
Regla General: El decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Entrada Diferida (3 meses después): Los artículos 86 A (Fracc. Tercera), 106 (Fraccs. Quinta y Sexta), 107 y 145 entrarán en vigor tres meses después del inicio de la vigencia del decreto