Una contribuyente, propietaria de un vehículo regularizado bajo el "Decreto por el que se Fomenta la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera," fue objeto de un embargo precautorio y el inicio de un PAMA por la Aduana de La Paz.

Argumento Aduanero: La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) alegó que el vehículo no cumplía con los requisitos del Artículo 2° del Decreto, específicamente por no encontrarse físicamente en el país antes del 19 de octubre de 2021. Por esta razón, la autoridad determinó un crédito fiscal de más de $165,000.00 pesos y el vehículo pasó a propiedad del fisco federal.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), basándose en la defensa de PRODECON, resolvió a favor del contribuyente:

• Legalidad de la Regularización: El Órgano Jurisdiccional determinó que la contribuyente acreditó la legal estancia en el país al concluir la regularización del vehículo con su inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

• Resolución Favorable: La autoridad aduanera había emitido las constancias de regularización (calcomanía y dispositivo electrónico de inscripción en REPUVE). El Tribunal consideró que estas constancias, al ser emitidas al culminar el procedimiento y conferir derechos, constituyen resoluciones favorables para el particular.

• Principio de Confianza Legítima: El Tribunal dictaminó que la autoridad no puede desconocer los efectos de la resolución que ella misma emitió, ya que esto sería una actuación arbitraria y contraria a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

• Consecuencia Legal: Si la autoridad estimaba que el trámite no cumplía los requisitos, debió negar la inscripción en su momento, no desconocerla posteriormente. Al haber expedido una resolución válida, el posterior embargo precautorio se declaró ilegal.